El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, en la ultima Sesión plenaria celebrada, aprobó una moción dirigida a instar al Gobierno de España a retomar el espíritu del “Pacto de Toledo” integrando, no sólo a los partidos políticos, sino también a los agentes económicos y sociales para afrontar, desde el diálogo y el consenso, la revisión del Sistema Nacional de Pensiones y evitar así la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados a partir de enero de 2014.
El artículo 50 de la Constitución Española establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuada y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad” y es obligación del Gobierno garantizar su cumplimiento.
En el año 1995 se firma el Pacto de Toledo, denominándose así al acuerdo sobre el “Análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse”. Se firmó, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales y hasta el día de hoy, todas las reformas que han afectado funcionamiento de la Seguridad Social se han realizado con el acuerdo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias.
Pero este consenso parece haber llegado a su fin. El Gobierno quiere implantar una reforma del sistema de pensiones de manera unilateral, sin tener en cuenta las aportaciones del resto de fuerzas políticas, ni las recomendaciones del Consejo Económico y Social de revisar el nuevo sistema de cálculo de las pensiones.
Existe casi unanimidad entre los expertos y académicos sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma del actual sistema de financiación de las pensiones. El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la pirámide poblacional complican la viabilidad futura de las pensiones. La actual crisis, con el consiguiente descenso de la actividad económica, ha contribuido a desequilibrar las cuentas de la Seguridad Social que cada vez tiene que pagar más pensiones contributivas y recibe menos fondos.
Pero el cómo sebe solucionarse, es una decisión que debe consensuarse y debe contar con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas y sociales.
